Los Derechos Humanos como tragedia y como farsa (por Andrés Núñez Leites)

Mariana Matto, de la organización Fogoneros, detenida por la policía el 19 de junio de 2007 antes de una marcha de protesta contra la política de Derechos Humanos del gobierno del Frente Amplio. Foto gentilmente cedida por Agustín Fernández Gabard

Nuevas leyes humanistas, reinterpretación y activación de viejas leyes, promoción de la proximidad de los tribunales judiciales en primer lugar. Campañas de información, sensibilización y educación en segundo lugar. Esas son las estrategias consensuadas y habituales, y diría además, necesarias para la promoción del respeto por los derechos humanos. Sin embargo son absolutamente insuficientes porque no inciden decididamente allí donde el poder estatal se ejerce (casi) sin contrapesos. Antes que nada, una nota metodológica: sólo nos referiremos a los derechos “de primera generación” producto de las revoluciones liberales contra el estado monárquico, porque su avasallamiento resulta repugnante para la conciencia republicana y porque aún sangran las heridas provocadas por los gobiernos genocidas de la guerra fría en toda nuestra Indoafrolatinoamérica.

El derecho a la vida, a la libertad, a no ser víctima de tratos crueles no debería admitir ambigüedades ni posturas gradualistas. Sin embargo las cárceles del estado están allí, con su sistema de funcionamiento reñido con la dignidad humana. Junto a la continuidad de la impunidad estatal de los criminales de la última dictadura y la represión violenta a los grupos de izquierda no gubernamentales, constituyen una afrenta a la condición humana en Uruguay.

La estrategia jurídica

Al tiempo que los presos se suicidan quemándose vivos 46 un país puede ser signatario de convenios y tratados internacionales de derechos humanos. Esto porque hay una enorme distancia temporal y de práctica judicial entre la firma de aquellos y su internalización y puesta en práctica. Pero aún cuando las leyes de aprueban en el parlamento y se incorporan al código penal, su aplicación es, por naturaleza, posterior a los hechos. Una persona es torturada en una comisaría y descubrirá que nada puede impedirlo; al denunciar la situación ante el poder judicial descubrirá que si no logra probar que estuvo allí y si no quedan rastros físicos no habrá consecuencias para los agresores. Esto es correcto desde el punto de vista de la defensa de los derechos del funcionario público, que de lo contrario sería víctima frecuente de falsas denuncias de detenidos y presos, pero esta contradicción demuestra que el sistema no funciona en el sentido que proclama. En el caso de las personas ya encarceladas la situación es mucho peor, porque toda su familia vivirá en los hechos una situación de cárcel, y en caso que el preso sea mal tratado, si no logra probarlo, probablemente volverá al mismo establecimiento carcelario a merced de los mismos funcionarios él y su familia. Esta situación descrita limita también sensiblemente otros intentos a nivel judicial y parlamentario, como son la presencia de comisionados o las rondas judiciales que buscan acercar al poder judicial y los presos. Adelantemos entonces uno de los elementos de nuestra argumentación: hay que atacar la invisibilidad, el anonimato, el secreto de la acción del estado, y no sólo en las cárceles. Cuando no se logra o no se desea aumentar la visibilidad pública del interior de las cárceles y disminuir la ocurrencia de “suicidios” y tratos crueles puede optarse, como lo hizo el gobierno uruguayo actual, por disminuir la cantidad de presos. El hacinamiento ambienta la violencia entre guardias y presos y también entre los presos, lo que muchas veces tiene consecuencias graves, por no mencionar la falta de higiene, la proliferación de enfermedades no atendidas y los malos tratos policiales. 47 Así la ley de “humanización del sistema carcelario” 48 buscó descomprimir las cárceles pero fue rápidamente sobrepasada por el mantenimiento de la pauperización relativa 49 causado por la continuidad y profundización del modelo neoliberal exportador y la consiguiente elevación de las cifras de delitos contra la propiedad. Merece finalmente una mención, por su potencial ejemplarizante en materia de castigo a la violación masiva de derechos humanos con una finalidad política, la reinterpretación de la ley de impunidad 50 que dejó fuera de su protección a los mandos de la dictadura cívico-militar (1973-1984) a la vez que el poder judicial asumió investigaciones del período inmediatamente predictatorial lo que permitió juzgar, procesar y condenar a algunos notorios funcionarios represores para recluirlos luego en una cárcel de lujo o en el caso del dictador en su lujoso domicilio por razones humanitarias. Pero al mismo tiempo el estado reprimió duramente las manifestaciones de la izquierda no gubernamental en el comienzo del mandato del gobierno del Frente Amplio, lo que incluyó causar lesiones graves a manifestantes y el mantenimiento durante meses de algunos presos políticos 51 liberados por la presión de una campaña local e internacional que evidenciaba esta (aparente) contradicción histórica: el gobierno izquierdista de los perseguidos por la dictadura ordenaba reprimir con inusitada violenta a sus opositores de izquierda. Así, al tiempo que se hablaba contra la dictadura, el gobierno emprendió una serie de feroces represiones policiales contra las manifestaciones de izquierda no gubernamental durante los año 2005 y 2006 aplicando la “doctrina del primer vidrio roto” 52 habilitando la agresión policial masiva contra los manifestantes en caso que uno solo de ellos rompiera un vidrio, quemara neumáticos, cortara la calle o realizara otra “alteración del orden público”.

Las estrategias informativa y educativa

Otra respuesta habitual, muchas veces simultánea a la estrategia anterior es promover el conocimiento de los derechos humanos por parte de la población, partiendo de la hipótesis que es la ignorancia de los mismos la que en muchos casos favorece su violación. Siguiendo la lógica de denuncia y reclamo ante autoridades estatales, se busca que los ciudadanos sepan sus derechos y en caso de verlos vulnerados lo canalicen por vía judicial. La acción abarcaría los casos particulares y cumpliría también una función ejemplarizante, precaviendo a los funcionarios estatales y privados de las consecuencias penales de sus crímenes. Pero así como el aumento de penas para la comisión de delitos contra la propiedad disminuye su acontecimiento en un porcentaje escaso -y esto es el principal argumento contra el endurecimiento del código penal como respuesta a la delincuencia- con el conocimiento de derechos y sanciones por violación de los derechos humanos ocurre igual. Es de esperarse que si los ciudadanos pueden objetivar como tortura un maltrato físico que antes no percibían como “tan” ilegítimo cuando es ejecutado por un funcionario estatal o privado, aumenten las denuncias de este tipo de situaciones. Pero ese incremento, excepto cuando se está saliendo de un período dictatorial, caracterizado por la ausencia de “estado de derecho” generalmente no es significativo. ¿Por qué? Por el mismo motivo que es muy limitada la estrategia que discutimos antes: la información no logra desarticular los mecanismos institucionales de violación de los derechos humanos ni su encubrimiento. Exactamente lo mismo puede decirse de la inclusión de los derechos humanos en la currícula de materias del sistema educativo o como tema curricular transversal (por ejemplo en diversos asuntos de ciencias sociales, filosofía, etc.): su realización es deseable, beneficiosa pero de alcance limitado, por los motivos antes expuestos. Un matiz a introducir en favor de la educación en derechos humanos es que a diferencia de la simple información promovida por los mass media, cuando va acompañada de propuestas pedagógicas que apuntan tanto a lo conceptual como a lo vivencial, relacionando los derechos abstractos con los problemas en el entorno comunitario, local y nacional, pueden proveer a los estudiantes de experiencia de alcance más duradero en términos de desarrollo de su personalidad y su capacidad de juicio ético. Sin embargo, no es suficiente…

Derechos, disciplinas, modernidad

El estado moderno y el modo de producción capitalista nacieron en buena medida por el múltiple ensamblaje de un mecanismo de producción de cuerpos dóciles y ortopedia social de los comportamientos díscolos que Foucault denominó “disciplinamiento”. 53 El mismo incluyó modificaciones arquitectónicas que seguían el modelo del control de cuerpos del campamento militar (panóptico) y establecía una relación de visibilidad significativa para el tema que tratamos: cuerpo sometido visible, guardián invisible. No sólo la internalización del control por parte del preso, el loco, el escolar, el obrero, quienes supondrán que pueden ser observados en cualquier momento, sino al mismo tiempo la invisibilización del funcionario. Las disciplinas, en el entendido de normas prácticas que regularon ese funcionamiento institucional, esa producción de cuerpos dóciles, no surgieron “de arriba hacia abajo” (desde el poder político hacia los establecimientos concretos) como las leyes sino en sentido contrario: desde las necesidades funcionales de la vida cotidiana de las instituciones de encierro. El derecho a no ser objeto de tratos crueles se diluye en las normas de la cárcel, cuando su comisario puede hacer revista y formación en la madrugada, cuando se hacinan 15 personas en una celda de 4, cuando la desobediencia se paga viviendo semanas en un calabozo oscuro y húmedo, acumulando heces propias en un rincón. Pero cuidado, no sólo los castigos sino el funcionamiento normal de una cárcel sigue normas de funcionamiento cuya naturaleza está muy lejos de la jerarquía deductiva que desde la sagrada constitución republicana habría de iluminar coherentemente estas normas de bajo rango: las mismas resultan de las necesidades de contención contra su voluntad de decenas de personas en un edificio, organizar de un modo aceptable para el sostén de la autoridad su alimentación, acceso a las duchas, visitas. En algunos casos la norma legal las convalida, en otros, cuando la contradicción es flagrante, las normas de los establecimientos se ocultan y disimulan. Recordemos que el trabajo político de Foucault que motivó la investigación que dio lugar a “Vigilar y castigar” no fue otro que el de un grupo de información sobre las cárceles. En lugar o paralelamente a la búsqueda de modificaciones legales, se plantearon cosas tan concretas como impedir la colocación de cámaras en las celdas, por las consecuencias destructivas para la intimidad y la psiquis de los presos, y la potencial provisión de información útil para el abuso por parte de la guardia.

Situaciones de impunidad

La crítica de la estructura y función de las instituciones de encierro en la modernidad puede complementarse, a la hora de explicar en su interior la ocurrencia de atrocidades, con una visión situacionista que desnude el encuadre del abuso y sus componentes situacionales. Además de las prácticas institucionales permitidas (legales o no), las cárceles (y todas las instituciones de encierro, en menor medida) dan lugar periódicamente a situaciones de violencia explícita, física, contra los encerrados. Si bien las prácticas violentas admitidas (la “vara policial” masiva en los motines carcelarios reales y supuestos, el electroshock ejemplarizante contra el loco rebelde en el manicomio) son en sí repudiables y evitables, hay algunas como la práctica lisa y llana de la tortura que excepto en situaciones de dictadura o guerra son inaceptables para la moral hegemónica en los estados republicanos democráticos, y por ello ocultas y negadas. La práctica de atrocidades como la mencionada, o la violación y el asesinato, requiere de funcionarios que la realicen en una situación propicia. Vamos a mencionar algunos elementos clave que componen la situación de impunidad en las instituciones de encierro.

Ocultamiento y cierre institucional

Hay un hecho naturalizado pero que tiene consecuencias graves contra las personas recluidas: que las cárceles estén bajo la órbita de una única institución. Porque si bien el poder judicial tiene la potestad para liberar personas o condenar guardias, la vida cotidiana de las cárceles transcurre bajo una única mirada, la del ministerio del interior. De ahí que las posibilidades de bloqueo de las denuncias de los funcionarios contra sus pares, y ni que hablar de los presos contra los funcionarios es altísima. Ante la duda moral de un funcionario por la ejecución de órdenes de castigo inhumano contra un recluso o incluso contra otro funcionario, pasa a primar la obligatoriedad del “espíritu de cuerpo”, la lealtad a la institución y a los compañeros de trabajo. Algo similar ocurre en la represión a las manifestaciones contra el gobierno. Si bien se hace a la luz pública (y esta metáfora raya en la ironía, ya que en casos como los de la represión de 1994 contra los manifestantes en torno al Hospital Filtro de Montevideo, lo primero que hizo la policía fue apagar las luces del alumbrado público) toda la operación de despeje de una manifestación corre por cuenta de un único organismo del estado. El poder judicial puede autorizarla u ordenarla, y la orden también puede venir de la jerarquía del poder ejecutivo, como en el caso mencionado. Pero la represión se realiza sin otros testigos institucionales. Que se entienda: de modo alguno justificamos la represión contra las manifestaciones públicas del tipo que sean, y al contrario, estamos mostrando que la realización de acciones violentas contra civiles desarmados, la mayor parte de las veces muy jóvenes, se realiza al amparo del anonimato y encubrimiento institucional. Aún a contrapelo de una época de creciente demanda de seguridad entendida como represión contra los pobres, y aún en una época de gobierno izquierdista en que la izquierda no gubernamental es vista como “ultra” y despojada de su condición ciudadana, criminalizados sus líderes y seguidores, es necesario reclamar la vigencia del principio republicano del control mutuo de los poderes, sólo que extenderlo a todos los niveles. Precisamente allí donde el estado ejerce la violencia, es inadmisible que lo haga a través de una única repartición del estado, sin testigos calificados, creando una situación que favorece el abuso y la impunidad. Es necesario también abrir las puertas de las cárceles a las organizaciones no gubernamentales, a los subsistemas educativos del estado, a técnicos no dependientes de la autoridad carcelaria; esa apertura rompe con uno de los elementos situacionales clave en la generación de violaciones de los derechos humanos.

Desindividuación

Otro elemento a tener en cuenta tiene que ver con la pedagogía de la violencia precisamente en el interior de las instituciones estatales que ejercen el monopolio de la violencia en el territorio que controla. La obediencia es una condición para la coherencia de la acción policial y militar, pero cuando no encuentra el límite de la libertad individual del funcionario y su discernimiento moral se ve anulado por el principio de autoridad, entonces el estado está financiando la formación de grupos de personas potencialmente peligrosas para los derechos humanos de la población. A partir de la década de los 1950s, EE.UU. reprogramó la función de los ejércitos de América Latina en torno a la represión de la disidencia interna, ya que desde su rol de potencia occidental asumía el papel de “defendernos” contra el “peligro soviético”. Se había aprendido la lección del ejército alemán (Wehrmacht) en la segunda guerra mundial: los militares de tradición prusiana, formados en el honor del combate cuerpo a cuerpo con el enemigo, encontraban (algunas) dificultades morales a la hora de destrozar el cuerpo de un prisionero indefenso, lo que los llevó a la formación de los Einsatzgruppen especializados en el martirio y exterminio de minorías. 54 Digamos que EE.UU. les asignó a los ejércitos del resto de América el papel de estos últimos grupos aunque ya no contra un enemigo racial o religioso. Se formuló el marco ideológico de la doctrina de seguridad nacional, fijando al siempre expandible concepto de “comunismo” como enemigo interno, pero también se crearon instituciones (School of the Americas) especializadas en la enseñanza de “prácticas contrainsurgentes”. Tanto la ideología represora contra la propia población interna como las técnicas de tortura, asesinato y desaparición forzada se expandieron por varias generaciones de oficiales del ejército y la policía de toda América. Esto para decir que la impronta de la guerra fría sigue presente y es muy persistente, y hace necesario una modificación de la ideología con que se forman las fuerzas de seguridad, a la vez que la presencia de múltiples agentes estatales y no estatales que garanticen cierto grado de transparencia democrática de dicha formación. El uso de uniformes, la sumisión del funcionario en pequeños grupos que obedecen órdenes simples a la vez que desconocen el sentido global de la acción (véase en el último intento de golpe de estado en Venezuela, cuando los oficiales de bajo rango manifestaban que no supieron durante las primeras doce horas para qué los movilizaban e igual debieron obedecer hasta que pudo organizarse el contragolpe…), el adoctrinamiento que apunta más a la obediencia y el “espíritu de cuerpo” que a la conciencia cívica, son elementos que disuelven precisamente la conciencia individual en un grupo, transformando a cada persona en engranaje de una máquina cuyo funcionamiento y sentido desconocen.

Deshumanización

También aquí prácticas y discursos (que son otra forma de práctica) contra los derechos humanos. Se puede aducir una intencionalidad sanitaria, pero no es creíble la necesidad de rapar la cabeza de un recluso recién ingresado al sistema carcelario. La atribución de características personales a partir de la carátula judicial con que fue condenado, el uso de apodos humillantes, apuntan a la deshumanización de estos seres humanos. Un hecho que actualmente apunta en este sentido es el discurso público de la seguridad y del miedo, canalizado especialmente por los partidos de la derecha y los medios masivos de comunicación, este discurso tiende a colocar de modo maniqueo a un lado la población “de bien” y del otro “la delincuencia”, una especie de ejército enemigo que hay que combatir. Se repite con lujo de detalles noticias de criminales violentos, pero no se dice por ejemplo que la mayoría de los homicidios corren por cuenta de familiares o por uno mismo (habida cuenta del número de suicidios), o que la mayoría abrumadora de los jóvenes presos está allí por hurto y no por causar lesiones a otros seres humanos. Este discurso que debilita la posición de los pobres dentro de la cárcel (los ricos, cuyos delitos económicos son mucho menos castigados por la ley, suelen ser asignados breves períodos a cárceles más lujosas) también la debilita fuera de ella; aumenta el clasismo de la población contra los más pobres y corre el umbral de la aceptación de la violencia estatal. Decía Foucault en su debate contra los maoístas sobre la necesidad o no de tribunales revolucionarios, algo que podemos atribuir al discurso de la seguridad pública: que el tribunal tiene como función instaurar un ente superior, y dividir a la “plebe” en “plebe proletarizada”, “plebe no proletarizada” y “fuerzas de seguridad”, y mientras estos tres elementos se combaten mutuamente, los privilegios de las clases altas estarán asegurados.

Obediencia a la autoridad

Cuando un funcionario sigue órdenes inmorales (violar, torturar, asesinar), ya sea de su autoridad legal o de una autoridad informal (por ejemplo el jefe de un escuadrón de la muerte o de una “mafia carcelaria” como gustan decir los periódicos) surge la pregunta acerca de la conciencia moral del verdugo. Sin desestimar de modo alguno las investigaciones que pretenden descubrir una
configuración sádica en el funcionario torturador o asesino, tendemos a creer que tal eventualidad no es el factor preponderante, si bien puede incidir en el desarrollo de las prácticas contra la humanidad de los reclusos. Esto porque las investigaciones hechas en torno al modo de reclutamiento de torturadores y asesinos por parte de agencias estatales muestran que en ese proceso, contrario a lo que podría creerse, hay un cuidado por excluir a ese tipo de personalidad patológica 56 entre otros motivos, por el hecho de ser potencialmente poco controlables por la autoridad que ordena los crímenes. Y también porque hay evidencia en torno a la posibilidad manejable de inducir a personas con una psiquis normal a la ejecución de actos aberrantes contra otros humanos. Entonces, sin desestimar las teorías disposicionales del comportamiento destructivo, pensamos que el factor determinante de la ocurrencia de malos tratos, torturas y asesinatos en las instituciones de encierro es la configuración de la situación de maltrato. En 1974 Stanley Milgram realizó en la universidad de Yale una serie de experimentos psicosociales clave para fundamentar esta aproximación al fenómeno de la violación de los derechos humanos. Seleccionó muestras de personas de diverso origen racial, étnico, etario, de género, instrucción formal y clase social, sin antecedentes psicopatológicos ni penales, a quienes invitó a participar de un experimento acerca de la incidencia del castigo físico en el aprendizaje. Se hacía un falso sorteo por el cual un actor era “por azar” llevado al rol de “aprendiz” con un brazalete con electrodos cuya descarga eléctrica era regulada en una escala de los 15V a los 450V por parte del novel “maestro”, quien por cierto antes de comenzar el experimento recibía una descarga de prueba, de bajo voltaje, para tener la sensación subjetiva de la sensación que causaría en el aprendiz. El maestro (ignorando ser el verdadero sujeto estudiado) leía pares de palabras que el aprendiz, oculto entonces tras una mampara debía repetir. Si se equivocaba, el maestro debía aplicar una descarga eléctrica, siempre mayor en la medida que se acumulaban los errores. A partir de cierto voltaje el aprendiz comenzaba a gritar. Tras un voltaje aún mayor empezaba a rogar que terminaran el experimento, aduciendo sufrimiento y antecedentes de enfermedades cardíacas. Si la voluntad del maestro castigador flaqueaba, estaba allí un actor que representaba a un científico de túnica blanca que repetía, especificaba y reforzaba mensajes tranquilizadores para el maestro: “Este experimento es muy importante para la educación de los niños americanos”, “Yo asumo toda la responsabilidad de la prueba”, “Las descargas con molestas pero no hacen daño”, “No se detenga o será su responsabilidad arruinar este experimento”, entre otras. Luego de innumerables réplicas, Milgram encontró que 2/3 de los buenos ciudadanos llegaban a los 450V, a pesar que a partir de los 300V el aprendiz guardaba un silencio de muerte… Antes del experimento, una ronda de consultas a calificados psiquiatras hacía predecir que sólo un 1% de los voluntarios llegarían a la descarga eléctrica mortal, por su estructura sádica. Evidencias similares al experimento anterior obtendría P. Zimbardo en su célebre “Stanford Prision Experiment”. En el subsuelo de una instalación universitaria, el mencionado investigador distribuyó al azar entre un grupo de voluntarios los roles de guardias y presos, otorgándole a los primeros el control de un pasillo y tres celdas. Tras el primer motín de los “reos” aparecieron espontáneamente las técnicas de control típicas del encierro: negación del alimento o de los permisos para el uso del baño y las visitas, celdas de castigo y celdas de privilegio, uniformización humillante de la vestimenta de los reos, revistas nocturnas excesivas e irregulares, adjudicación de sobrenombres y cuestionamiento de la masculinidad de los presos, ostentación de autoridad de los guardias de modo permanente, amenazas a los “reos” con la ruptura del contrato legal inicial. Las atrocidades tienen lugar porque hay un estructura institucional (que incluye cadenas de mando y ocultamiento pero también discursos legitimadores y normas de silencio) que lo permite o hace poco o nada por evitarlo. No basta decirle a un funcionario que no está obligado a seguir órdenes inmorales, hay que evitar que se den las condiciones de obediencia a la autoridad que permitan la ocurrencia de actos inmorales. Siguiendo a Milgram y a Zimbardo 57, algunas de éstas son: a. Una ideología que justifique las acciones contra las víctimas. Pensemos sin dudas en la doctrina de seguridad nacional, pero también en el actual discurso público de la (in)seguridad. b. Un contrato que fuerce la obediencia del funcionario. Consideremos aquí lo dicho acerca del sistema jerárquico estatal y la dificultad de denunciar a otros funcionarios. c. Atribuirle un rol significativo en una narración heroica. Idem (a). d. Alterar la semántica de los actos. “Restauración del orden” decían las autoridades del ministerio del interior luego que apalearan salvajemente a los manifestantes anticapitalistas en la Plaza Matriz el 4 de noviembre de 2005. e. Diluir la responsabilidad individual. El “espíritu de cuerpo” pesa en favor del anonimato y la impunidad. ¿Cuántos policías han sido condenados por reprimir las manifestaciones en torno al hospital Filtro en 1994 usando balas de plomo? ¿Quién fracturó el brazo de una de las militantes anticapitalista presas políticas en noviembre de 2005? f. Elevar los costos de la deserción y la denuncia. Piénsese en los derroteros individuales de quienes antes y ahora han optado por su conciencia y han denunciado atrocidades de sus colegas funcionarios.

Corolarios

Lejos de repudiar o desacreditar los trabajos legislativos, informativos y educativos en materia de derechos humanos, nuestra intención es señalar que tales estrategias no son suficientes para provocar avances significativos más allá de los períodos de salida de regímenes dictatoriales o situaciones de guerra. Hay que apuntar a los lugares específicos donde los funcionarios privados y sobre todo estatales ejercen el uso de la violencia contra otros seres humanos. Y en esos lugares es necesario señalar y contrapesar los mecanismos que favorecen tanto la violación de derechos como la impunidad: desindividuación, deshumanización, cierre institucional y ocultamiento, obediencia inmoral a la autoridad. Es necesario investigar más aún estos y otros procesos en nuestros países y diseñar estrategias para disminuir las situaciones sociales que ambientan la violación de derechos humanos. Si reducimos la acción en pro del desarrollo de los derechos humanos a las estrategias legislativa, informativa y educativa, no estaremos más que rozando las situaciones cotidianas y concretas y limitando seriamente las condiciones de las personas cuyos derechos son vulnerados. Y si además el discurso gubernamental demagógico y autocomplaciente logra convencernos de avances en un terreno donde más bien deberíamos exhibir cierta vergüenza republicana por el deterioro en las instituciones de encierro, la agresión a la oposición política de izquierda y en mantenimiento de la impunidad de los represores de la dictadura, entonces también estaremos actuando una farsa.

44
Maestro uruguayo de enseñanza primaria y sociólogo. Ha publicado en diferentes
revistas y periódicos locales (Relaciones, 7/7, Bitácora, La Diaria, etc.) y en
diferentes sitios web (Rebelion.org, Universidad Firgoa de Galicia, Apia Virtual, etc.)
ensayos y comentarios sobre sociología, política y pedagogía. 45
La discusión contra el progresismo y su hipótesis gradualista en materia de
derechos económicos, culturales y ambientales merece un tratamiento específico
que escapa a la intención de este trabajo.
46
Informe de miércoles en Montevideo.com, edición del 26 de agosto de 2009 en
http://www.montevideo.com.uy/noticiappal_90305_1.html
47
Informe 2009 sobre las cárceles uruguayas del relator especial de la ONU sobre
torturas:
http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/1FFA7D8BDE64934EC125758 70019A541?opendocument
48
Ley 17.897 de 2005 “Libertad condicional y anticipada. Se establece un régimen
excepcional”
en
http://sip.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=17897&Anchor= 49
Este es un temprano descubrimiento de la sociología del crimen: no es la
pobreza absoluta sino las diferencias de riqueza entre clases sociales la que
provoca un aumento de la criminalidad, especialmente contra la propiedad.
50
Ley 15.848 de 1986 “Funcionarios policiales y militares. Se reconoce que ha
caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos
cometidos hasta el 1 de marzo de 1985” en
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=15848&Anchor= 51
Controversia en la izquierda en Comcosur, edición del 11 de noviembre de 2005
en
http://sitio.comcosur.org/web/edi_anteriores/sintesis/2005/11-11/Uruguay.htm

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